Asambleas Funcionales

Actas Asamblea Funcional Hospital Maciel

ACTA No. 1 Montevideo, 18/05/04

Dada la escasa concurrencia se decide citar a una nueva reunión el 25/05/04 hora 10 intentando extender la difusión y participación.
La idea de los aquí concurrentes con relación a la escasa participación se interpreta por:

el descreimiento en las estructuras gremiales.
como consecuencia del punto anterior existe una búsqueda de salida individual frente a la grave problemática laboral.
estos cuatro participantes intentaremos una participación más numerosa que justifique nuestra presencia.

Se designa Coordinador al Dr. Antonio Calvo y Secretaria a la Dra. Raquel Barrón.

Los concurrentes: Dra. Raquel Barrón, Dr. Antonio Clavo, Dr. José Lasserra y Dra. Isabel Rega cierran el acta y pasan a citar la próxima asamblea para el 25/05/04.

ACTA No. 2 Montevideo, 25/05/04

En líneas generales se está de acuerdo con el diagnóstico de situación presentado en el informe preconvención. Consideramos a la salud un derecho y por tanto creemos que debe existir un artículo en la constitución de la República donde sea el Estado el responsable de la salud de todos los ciudadanos: el cual sustituya al actual art. 44. En este marco legal, se entiende, debemos solicitar el adecuado asesoramiento jurídico.

Reivindicamos las orientaciones estratégicas de la OMS del año 2000:

Situando a la SALUD en el centro de acción de desarrollo del país, dado que el fin último del mismo es el bienestar de la población, y en dicho bienestar la salud es un componente fundamental. Una población saludable posibilita ahorrar recursos en asistencia sanitaria, destinándolos a otras áreas sociales.

Enfrentando con eficacia los principales factores de riesgo, lo que implica el desarrollo de un modelo epidemiológico nacional que analice la prevalencia de las distintas patologías.

Reduciendo el exceso de morbimortalidad en general de las poblaciones pobres y marginadas en particular.

Fortaleciendo el SISTEMA DE SALUD.

Coincidimos además con la OMS en la jerarquización de la responsabilidad prioritaria del Gobierno sobre el desempeño global de los sistemas de salud. En especial el Ministerio de Salud Pública, es quien debe asumir la función de dirección y rectoría de los sistemas de salud. “La salud de la gente es una prioridad nacional del gobierno en ese sentido es continua y permanente.”

Atendiendo a las complejas transiciones que han ocurrido en nuestro país y en el mundo:

transición demográfica (envejecimiento de la población)
transición epidemiológica (predominio de enfermedades no transmisibles)
transición económico social regresiva, reagudizando importantes patologías, desnutrición infantil, infecciones, intoxicaciones, etc..
Transición ambiental negativa, impulsada por la desregulación de la economía que produjo un aumento de la contaminación ambiental y alimentaria, aumento de adicciones, etc..
Transición regresiva de los sistemas de salud desembocando en una profunda crisis caracterizada por las siguientes asimetrías:
1. deficientes resultados agravado en los sectores empobrecidos.
2. predominio del sector privado sobre el sector público.
3. predominio del nivel terciario sobre los primeros niveles.
4. desigualdad salarial del personal sanitario, especialmente intermédica.

Para superar la actual crisis sanitaria se impone en primer lugar el desarrollo de Políticas Públicas cuyo objetivo sea la lucha contra la desigualdad social, generando trabajo de calidad, política de vivienda, saneamiento, vialidad, subvenciones, etc., que produzcan un mejoramiento de las condiciones de vida.

A nivel de la Atención Sanitaria se impone la creación de un Sistema Nacional de Salud, regido por los siguientes principios:

ESTATAL: La dirección y administración del sistema debe ser ESTATAL, realizada en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, dado que la gran mayoría de los sistemas de salud exitosos del mundo tienen dirección y administración estatal. Como Canadá, España, Suecia, Costa Rica, Cuba, etc.. Además la dirección estatal asegura la defensa de os intereses de la mayoría de la población en detrimento de intereses corporativos.
UNIVERSAL: Todos los habitantes de la República tienen derecho a la atención sanitaria, sin ningún tipo de discriminación.
INTEGRAL: Asegurando cobertura total, asistiendo al total de patologías, incluyendo la atención odontológica. Integral además por ofrecer la totalidad de los niveles asistenciales sin asimetrías y poseer un enfoque biosicosocial y ambiental de la salud y la enfermedad. Integral, además por tener un enfoque preventivo y de tratamiento precoz que abarca el total de la historia natural de las patologías.
ACCESIBLE: La accesibilidad consiste en la apertura del sistema de salud al ususario en todos los nievles de atención, especialmente en los primeros niveles. Las trabas en la accesibilidad llevan al usuario a desistir de la asistencia, impidiendo la prevención y el diagnóstico precoz, consultando en etapas tardías, en donde el pronóstico es más ominoso y la terapéutica más costosa. La accesibilidad implica llevar la medicina a la gente con el desarrollo de un sistema de policlínicas de atención primaria y secundaria de distribución geográfica y barrial descentralizando la atención sanitaria.
EQUITATIVO: La equidad a nivel de la financiación del sistema , reivindicando el principio de solidaridad: paga más el que tiene más, paga menos o no paga el que tiene menos, disminuyendo las desigualdades sociales por el efecto redistributivo del estado. Equidad también en las retribuciones salariales del sistema de salud, estableciendo el principio de a igual función igual remuneración, eliminando sistemas de trabajo destajistas y que eliminan derechos sociales. Proponemos desterrar el multiempleo médico, reclamar 8 hs. laborales (donde se incluye asistencia y educación médica continua, cuyo costo estará a cargo del efector del servicio) y con un salario base (mínimo) de U$S 2000 mensuales; sin perjuicio de los cual podrá trabajar además en el sistema privado.
DE CALIDAD ACEPTABLE Y HOMOGENEA. Es decir que el sistema de salud ofrezca una calidad aceptable basado en baremos consensuados y homogénea en cuanto a infraestructura, insumos, atención sanitaria, medicamentos, etc.
PROTOCOLIZADA Y AUDITADA. Se debe tender a establecer protocolos de diagnóstico y tratamiento. La atención sanitaria requerirá una supervisión médica a través de auditorías médicas.
BASADA EN PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y COMPLEMENTACION Y NO EN LA COMPETENCIA.
EFICIENCIA SANITARIA. Propenderá a mejorar el nivel de salud de la población.
EFICIENCIA SOCIAL Y ECONOMICA. La eficiencia sanitaria debe lograrse produciendo el mayor beneficio social al menor costo económico posible. Donde la rentabilidad social debe primar sobre la rentabilidad económica.
HUMANISTA. Porque su objetivo central es el bienestar del ser humano. A nivel de los pacientes implica un trato humano y respetuoso, incluyendo el derecho del paciente a una cabal información sobre su estado de salud y las opciones terapéuticas. En lo que atañe al personal sanitario corresponde un sueldo digno con derechos sociales que posibilite una vida plena.
ADMINISTRACION DEMOCRATICA Y TRANSPARENTE CON PARTICIPACXIÓN SOCIAL. Dado que el sistema de salud se desarrolla en una sociedad democrática y que la mayoría de sus autoridades son designadas por un gobierno elegido democráticamente, preservando la dirección estatal, esto sin perjuicio de la integración de representantes de usuarios y trabajadores a la dirección del sistema. Es fundamental la participación de los usuarios a través de sus asociaciones de usuarios.
CON ENFOQUE DE APS. PREVENTIVO Y DE MINIMIZACION DE DAÑOS. Solamente un enfoque preventivo puede enfrentar los complejos retos epidemiológicos, mejorando los indicadores sanitarios. Se requiere un sistema de salud que enfrente la prevención primaria, secundaria y hasta terciaria, que controle los principales factores de riesgo, realice un diagnóstico y tratamiento precoz, que detendga el avance de las patologías crónicas, realizando una efectiva rehabilitación que minimice el daño y la discapacidad. El aspecto fundamental de esta política sanitaria es el frecuente control médico y del equipo sanitario, lo que supone el acceso sin trabas del paciente a la consulta médica. La actuación médica impone en el paciente un efecto terapéutico positivo. Se trata que el sistema desarrolle el suficiente número de policlínicas zonales de nivel primario y secundario, que incluyan paraclínica y medicamentos, seleccionando las poblaciones de riesgo según un enfoque epidemiológico. Haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables: embarazadas, adolescentes y niños. A su vez este nivel debe tener una referencia y contrarreferencia, real y efectiva con el tercer nivel.
PROCURANDO UNA POLITICA RACIONA DE MEDICAMENTOS. Siendo sus objetivos la utilización de medicamentos genéricos de buena calidad, con compra centralizada. La realización de un vademecum esencial por especialidades y estimular el desarrollo de los laboratorios estatales que sean capaces de producir medicamentos.
LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEBE CORRESPONDER AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. Dado que si al MSP le competen la realización y dirección de políticas de salud, la administración del Sistema Nacional de Salud es pieza clave de dicha política. Por otro lado organismos públicos no estatales no aportarían la suficiente transparencia de gestión, como por ejemplo en la actualidad la comisión de apoyo 068. Estimamos que no existe incompatibilidad entre la función de dirección de las políticas de salud y el carácter de efector de servicios de salud por parte del MSP dado que dicha incompatibilidad no existe en ninguna parte del mundo.

Se decide cerrar la Asamblea a la que concurren: Dres. Raquel Barrón, Isabel Recoba, Ma. Haydée Aunchayna, Ramiro Failache, Alba Larre Borges, Cristina Goldner, Arlet Montalbán, Laura Oyanzábal, Beatriz Sosa y José Laserra. Citando la próxima reunión para el 1/6/04, 10:00 hs. en e lAnfiteatro del Hospital Maciel.

ACTA N° 3. Montevideo 1/6/04

Se refuerzan conceptos de lo propuesto en la reunión anterior.

Sobre organización del Sistema de Salud se reafirma que el rector debe ser el estado, quien debe definir las políticas de salud que el país necesita por medio de una ley.

El Ministerio de Salud Pública será el efector con participación de médicos, funcionarios no médicos y usuarios, en proporción a determinar.

Se insiste en la correcta coordinación de los efectores públicos y privados (IAMC) de salud: MSP, Fac. de Medicina, Sanidad Policial, Sanidad Militar, BPS, Intendencias, IAMC y Organizaciones no Gubernamentales, para no duplicar servicios y una mejor redistribución y aprovechamiento de los recursos. Jerarquizar la pirámide de salud desde la atención primaria, que debe jerarquizarse, luego el nivel secundario y terciario que debe estar integrados y controlados. Se debe priorizar la atención primaria de salud con las cuatro especialidades básicas y médicos de familia, con un coordinador zonal y con una contrareferencia efectiva y real en los diferentes niveles.

Esta asamblea declara que el cuerpo médico nacional deberá resistir firmemente cualquier intento de fragmentar el derecho a la asistencia según el poder adquisitivo de los ciudadanos. El derecho a la salud con independencia de la situación económica de los individuos, de las familias y del país deberá ser vigorosamente garantizado, siendo inaceptable cualquier excusa para acotarlo o discriminarlo.

En cuanto a la financiación se reitera el principio de justicia que deberá aportar más quien más gana y menos el que gane menos y nada quien no tenga trabajo (en ese caso el Estado asegura su acceso al servicio de salud) y de acuerdo al número de integrantes del núcleo familiar y quienes declaren impuesto a la renta un porcentaje será vertido al sector salud.

Los concurrentes a esta Asamblea: Dres. Antonio Calvo, Raquel Barrón, José Laserra, Ma. Haydée Aunchayna y Ariel Montalbán, deciden cerrar el Acta y citar una nueva reunión para el próximo 22/6, : hs. en la Secretaría del Servicio 10:00 hs. de Neurocirugía del Hospital Maciel.

Acta N° 4. Montevideo, 22/6/04

En cuanto a la Colegiación Médica se está de acuerdo con el proyecto de Ley que se encuentra a consideración del Poder Legislativa en líneas generales.

Rechazamos la recertificación médica dado que implica cuestionar a la Universidad de la República que es en definitiva quien ha otorgado los títulos y además no existen precedentes en otras profesiones universitarias. Reconocemos la importancia de la formación continua pero ests no debe estar desligada del conjunto de la problemática del conjunto del trabajo médico porque sino tal concepción de la formación continua beneficiaría a los sectores privilegiados. La formación continua debe darse en el marco de condiciones de trabajo dignas, salario incluido, integrando la jornada de trabajo como se da en los países que disponen de sistema de salud avanzada.

En cuanto a la formación y desarrollo profesional médico, se considera que el plan del nuevo gobierno deberá apoyar el desarrollo y la producción, lo cual asegurará trabajo en todas las áreas, haciendo énfasis en el sector salud.

En cuanto al libre ingreso a la Facultad de Medicina consideramos debe existir tal cual, es decir libre y rechazamos enérgicamente lo que consideramos como un examen de “egreso”, el hecho que se encuentren limitados los postgrados solo a la opción de la residencia, en casos absurdos como otorrino u oftalmología donde sólo hay dos cargos al año, manteniéndose una estructura de cátedra que consideramos excesivas. Creemos que la Facultad de Medicina deberá rever con total urgencia estos límites a las especialidades que consideramos injustos y arbitrarios. Se deberá ampliar el espectro de opciones reales de trabajo, creando carreras intermedias y facilitando el tránsito horizontal de una carrera a otra.

La Facultad de Medicina a través de los tres órdenes deberá modificar su plan de estudios, reforzando los estudios a nivel clínico, no más allá de 6 años y con un internado de formación real que otorgue al Practicante Interno un preámbulo efectivo en el ejercicio de su profesión y no como el actual, donde no tiene apoyo formativo y sustituye roles asistenciales. Luego instrumentar un sistema de postgrados donde todos los egresados tengan opciones igualitarias y no tener un enorme caudal de médicos generales con funciones, casi a los 30 años y prácticamente sin opciones laborales.

En cuanto al apoyo oficial a los estudiantes de bajos recursos, la Universidad deberá apoyarlos y los médicos exigimos que el impuesto de solidaridad que pagamos se explicite claramente en que se invierte. Así como exigimos que dicho impuesto deberá estar en relación a los ingresos, ya que actualmente aporta lo mismo quien gana $ 50000 como quien gana $ 120000. lo que habla de la injusticia tributaria.

Los concurrentes a dicha Asamblea: Dres: Raquel Barrón, Antonio Calvo, M. Galvarrea, A. Mango, Carrasco, Yamila Birriel y J. Laserra, deciden levantar la sesión y citar una próxima reunión para el 29 de junio próximo.

Acta N° 5 Montevideo, 29/6/04

Con respecto al concepto de educación médica continua se reconoce la importancia de la misma, pero ésta no debe estar desligada del conjunto del trabajo médico porque sino tal concepción de la formación continua beneficiaría a los sectores priviliegiados. La formación continua debe darse en el marco de condiciones de trabajo dignas, salario incluido, integrando la jornada de trabajo como se da en los países que disponen de sistemas de salud avanzados.

Por lo tanto los efectores deberán hacerse cargo de los gastos, ya que serán los principales beneficiados.

Se reitera el concepto de no considerarse pertinente la recertificación formal en las condiciones actuales porque:

los títulos de postgrado otorgados son títulos válidos.
No existen estructuras que tengan la validez suficiente para la recertificación.
Tampoco está estructurada una escala de recertificación de acuerdo a la experiencia acumulada a través del trabajo real y efectivo y de la trayectoria académica de los especialistas involucrados.
Quedando pendiente la precisión de cómo se recertificará a los que recertifican
No están dadas las condiciones actualmente teniendo en cuenta el multiempleo y el subempleo.

Planteamos formalmente la inquietud, ya que no se ha considerado en ningún ítem de esta Convención, la necesidad de estimular la investigación clínica y científica; sin ellas nos quedaríamos supeditados a la tecnología extranjera por siempre. Se extremarán esfuerzos con coordinar y estimular acciones con las estructuras ya existentes: Facultad de Medicina con Facultad de Ciencias, con Instituto Clemente Estable y con el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. Y debemos exigir al Estado el apoyo económico para evitar la fuga de cerebros y no quedar pendientes de las tecnologías extranjeras.

Con respecto a si hay limitación al ingreso de Facultad de Medicina deberá haber una reestructura global de la carrera de Doctor en Medicina y por tanto una residencia de formación de postgrado donde todos tengan derecho y cupos, incluyendo APS y Medicina Familiar, por ser especialidades en sí mismas. Ello debe estar articulado con un plan de retiro médico, para equilibrar el ingreso con el egreso, siempre y cuando se le asegure una retribución adecuado para una calidad de vida digna al retiro.

La Universidad de la República debe estimular la creación de carreras intermedias con seguridades de traslado horizontal inter-facultades de modo de ampliar el espectro de futuras posibilidades laborales a los jóvenes; ya que es preferible un tropiezo a los 18 años y no una frustración a los 30 años. Así como la creación de otras Escuelas o Facultades o reestructuras de las ya existentes, para complementar carreras intermedias que consideren en su sesgo la materia prima nacional: alimentos y agropecuaria; como por ej. Tecnología de Alimentos.

Los concurrentes a dicha Asamblea, Dres: Antonio Calvo, Raquel Barrón, José Laserra y Aunchayna, deciden finalizar la misma y citar a una próxima reunión para el 6/7/04.

Acta N° 6 Montevideo, 6 de julio de 2004.

En cuanto al tema de Trabajo Médico consideramos:

Deberá existir una reestructura progresiva teniendo en cuenta las actuales, tratando de integrar progresivamente la actividad privada al SNS.
Las situaciones de hecho que se han mantenido en el tiempo con regularidad asistencial deberán ser tenidas en cuenta y respetadas, tanto en el ámbito público como privado.
Deberá desterrarse el pluriempleo y propender a una jornada laboral de 8 hs., así como eliminar la precarización laboral expresada a través del falso concepto de empresa unipersonal con reducción de beneficios sociales.
Reiteramos nuestro concepto de un salario médico mínimo de 2.000 dólares mensuales por 8 hs. laborales, donde se incluya la educación médica continúa.

Los concurrentes a dicha Asamblea: Dres: Raquel Barrón, Antonio Calvo, Aunchayna y Laserra deciden levantar la sesión y citar una reunión para el 13/7/04.

Acta N° 7 Montevideo 13 de julio de 2004.

Se reconocen que existen formas de trabajo médico de dependencia, liberal y relación de dependencia maquillada en forma de contratos tanto en el sector público como privado, así como trabajo en negro dirigidos por médicos; todas las cuales deberán ser regularizadas con homogeneización laboral, con el principio de a igual función igual remuneración.

TODOS LOS ITEMS TRATADOS EN ESTAS ASAMBLEAS CONVERGEN QUE LA SOLUCION ES UN SISTEMA UNICO NACIONAL DE SALUD.

Los concurrentes a dicha Asamblea: Dres: Raquel Barrón, Aunchayna y Calvo, deciden levantar la sesión y citar a una nueva reunión el 20/7/04.

Acta N° 8 Montevideo 20 de julio de 2004.

Addendum:

Consideramos que en el período de transición se debe insistir en que los seguros de protección civil sean pagos por las instituciones (IAMC, MSP), dada la relación bien definida de dependencia de los médicos actuantes.
En las circunstancias actuales en las que es evidente una campaña de desprestigio del trabajo médico, donde el más omiso es el MSP, con falta de infraestructura adecuada a una correcta asistencia, sin medicación ni paraclínica y con flagrantes desigualdades salariales, siendo además un ministerio represor del cuerpo médico y donde no quede excluido el menor cabo de la dignidad personal; el SMU, como representante del cuerpo médico nacional está obligado a tomar una defensa activa y clara del mismo.
Debe modificarse la constitución de la Comisión Honoraria de Salud Pública en forma periódica, debiendo integrarse por médicos que no se hayan alejado de la actividad médica, idóneos en el conocimiento técnico y práctico de sus respectivas especialidades e idóneos en el conocimiento de la bioética y la legislación vigente; comisión que deberá tener una relación fluida con la cúpula sindical. Deberá existir una comisión de ética en cada hospital terciario, que controle los niveles secundarios y primarios que dependan del mismo y que deberá estar conectada fluidamente con la Comisión Honoraria de Salud Pública y con el SMU.
El SMU está en la obligación de realizar una campaña de esclarecimiento de la caótica realidad actual asistencial a la población; así como defender las fuentes laborales y la dignidad del Cuerpo Médico Nacional.

Los concurrentes: Dr. Antonio Calvo, Dra. Raquel Barrón y Dra. Haydeé Aunchayna, cierran el acta y dan por concluidas las reuniones de la Asamblea Funcional del Hospital Maciel, preparatorias de la 8va Convención Médica Nacional.